Las Lonas de Profeco y el Abuso de Autoridad
Estrategia$
Lunes, 20 de abril de 2026
En últimas fechas, las gasolineras de México han comenzado a lucir un nuevo "distintivo" impuesto por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): lonas gigantes con la leyenda "No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios". Lo que el gobierno presenta como un acto de justicia social, es, bajo un análisis riguroso, un despliegue de despotismo administrativo que ignora las reglas básicas del mercado nacional.
El argumento central de esta campaña choca de frente con la realidad legal de México: vivimos en un mercado de precios liberados. Desde la reforma energética, no existe un precio oficial fijado por decreto. En teoría, cada estación de servicio tiene el derecho de establecer sus precios según su logística, costos de operación y estrategia comercial.
Al colocar estas mantas, la Profeco incurre en una contradicción flagrante: castiga al empresario por ejercer una libertad que la misma ley le otorga. Se sanciona la "carestía" bajo un criterio subjetivo de "ganancia excesiva" que no está tipificado como delito en un mercado libre, ejerciendo una suerte de control de precios "por la mala" y a través del miedo.
Un acto de autoridad debe ser fundado, motivado y, sobre todo, técnico. Al utilizar jerga popular como es "se vuelan la barda", la Profeco abandona su papel de árbitro legal para convertirse en un agitador. No se alerta al consumidor sobre una falla en los litros que se suministran o una falta técnica del proveedor; se incita a boicotearlo mediante su estigmatización. La autoridad no aplica la ley, practica un "bullying" institucional.
El punto más crítico es la invasión física. Los funcionarios entran en la propiedad privada para instalar estructuras que interfieren con la imagen y operación del negocio. Este acto ignora el Artículo 16 de la Constitución, que protege a los ciudadanos y sus posesiones de actos de molestia sin mandamiento escrito. ¿En qué parte de la ley se autoriza a la autoridad a convertir una barda particular o una estructura publicitaria en un espectacular de propaganda negativa? Es cierto que las disposiciones legales permiten que la autoridad ponga sellos, pero la diferencia entre sello y lona es más que evidente.
Los ejecutores se comportan además con una actitud despótica, sabedores que el sistema judicial es lento y, por ende, que su actuar resultará impune. Entienden que, aunque un juez otorgue un amparo meses después, el daño reputacional ya está hecho. El funcionario no teme represalias porque su actuar no responde a la ley, sino a una línea política que desprecia las formas jurídicas en favor de la narrativa de "mano dura". Y lo peor es que, desde las mañaneras presidenciales no sólo se respalda, sino se celebra.
Si la sociedad permite que el castigo sea la humillación pública y la invasión de la propiedad por ejercer el derecho a la libre fijación de precios, estamos aceptando que el estado de derecho sea sustituido por un capricho burocrático. La protección al consumidor es una causa noble y responsabilidad del Estado, pero cuando se ejerce mediante el abuso de autoridad y el desprecio por la propiedad privada, pasándose por alto las leyes, deja de ser justicia para convertirse en un claro abuso de autoridad.