La nueva SCJN se disfraza de política y pone en riesgo el Estado de Derecho
Antes de siquiera iniciar sus funciones, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cometido dos errores simbólicos que no pueden ni deben pasar desapercibidos. Como dice el refrán popular “el diablo está en los detalles”. Se trata de la reciente incorporación del bastón de mando indígena al escudo institucional, así como el uso de bordados indígenas en la toga del ministro presidente. No son gestos inocentes ni meramente decorativos. Son decisiones que vulneran principios constitucionales fundamentales: la laicidad del Estado, la neutralidad institucional y la universalidad de la justicia.
En un país cuya Constitución establece con claridad que somos una República laica, el uso de símbolos con carga espiritual —aunque provengan de cosmovisiones no religiosas— representa una transgresión más. El bastón de mando, en muchas comunidades indígenas no es un objeto secular. Su entrega está acompañada de rituales, invocaciones y consagraciones que lo convierten en un emblema espiritual. Incorporarlo al escudo de la SCJN, guste o no, equivale a introducir una doctrina en el corazón de la justicia.
La toga judicial, por su parte, no es una prenda para expresar identidad personal. Es un símbolo de imparcialidad, diseñado para evitar cualquier manifestación ideológica o cultural que comprometa la percepción de neutralidad. El bordado indígena en la toga del ministro presidente rompe con esa tradición, proyectando una imagen de alineamiento identitario que no representa a todos los mexicanos. Y abre una ventana para que otros jueces adopten diseños llamativos, ya sea por sus colores o por signos propios de personajes como "El Acertijo" en los cuentos de Batman.
Pero lo más grave no es el símbolo en sí, sino la forma en que se tomó la decisión. No hay evidencia de que el pleno entrante haya consultado a especialistas en derecho constitucional, ni que se haya emitido un análisis técnico sobre la compatibilidad de estos emblemas con el marco jurídico vigente. La Corte actuó sin deliberación jurídica profunda, como si se tratara de una oficina de relaciones públicas y no del máximo intérprete de la Constitución.
Este tipo de actuaciones confirma una tendencia preocupante de muchos: la politización de la Corte. En lugar de preservar su rol como garante del Estado de derecho, el pleno parece haber adoptado una narrativa simbólica alineada con corrientes ideológicas del momento. La justicia no debe convertirse en escenario de gestos identitarios. Su legitimidad se construye a base de aplicar principios jurídicos y no con ornamentos.
Cuando la Corte antepone la política sobre el derecho, se erosiona la confianza ciudadana, se desdibuja la separación de poderes y se abre la puerta a decisiones arbitrarias disfrazadas de sensibilidad social. Este episodio no es menor: es una advertencia sobre los riesgos que enfrenta México cuando sus instituciones constitucionales abandonan el rigor jurídico para convertirse en una comedia de políticos. Y esto, sin entrar en detalles sobre la capacidad técnica u honorabilidad de quienes las integran.
La inclusión es un valor legítimo, pero debe ejercerse desde el marco normativo, no desde la personalización de los emblemas del Estado. La SCJN no representa comunidades ni identidades particulares. Representa la ley. Y si olvida esa vocación, lo que está en juego no es un escudo, sino la solidez misma del Estado constitucional.